El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a incumplir la Constitución. Hoy vencía el plazo legal para presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, y el Ejecutivo ha dejado pasar, por tercer año consecutivo, una de las obligaciones más claras que marca la Carta Magna. El artículo 134.3 no admite interpretaciones: las cuentas deben llegar al Parlamento tres meses antes de que caduquen las vigentes. Y esas cuentas, sencillamente, no existen. La situación es inédita. Sánchez prometió un borrador para 2026 tras dos años de vacío presupuestario, pero a estas alturas ni siquiera se ha aprobado el techo de gasto, que es el primer paso indispensable. El Gobierno parchea las cuentas prorrogadas de 2023, con modificaciones de hasta 33.000 millones de euros, el 8,7% del total, que le permiten mover dinero entre partidas a su conveniencia sin pasar por el Congreso. Una maniobra legal, pero que vacía de contenido el control parlamentario. El argumento oficial es la falta de apoyos. Hacienda busca negociar con los socios de investidura antes de poner un proyecto sobre la mesa.